Violencia y mafias (Eduardo Guerrero Gutiérrez) Nexos

Luego de sus penetrantes ensayos sobre los orígenes de la violencia y cómo reducirla, publicados en números anteriores de nexos (395 y 402), Eduardo Guerrero ofrece ahora una sugerente descripción de los tipos de violencia a la que dan lugar los distintos mercados ilegales de México: el del narcotráfico propiamente dicho, y el de las mafias dedicadas a la venta de “protección”, en las que apenas hemos puesto la mirada

La “protección ilegal” engloba una serie de actividades que implican la coerción por parte de un agente distinto al Estado —generalmente organizaciones delictivas y violentas conocidas como “mafias”.1 Se puede ofrecer protección ilegal contra estafas, contra la competencia, contra el gobierno o contra una amenaza de la propia mafia.2 Aunque las mafias pueden extorsionar a un amplio conjunto de actores, normalmente habrá una mayor demanda de protección ilegal (o mayor vulnerabilidad a la extorsión) entre los ciudadanos sin acceso al sistema de impartición de justicia. Por consiguiente, entre los principales blancos de las mafias se cuentan los propios delincuentes (e.g., redes de ladrones, secuestradores, contrabandistas, entre otros.). En las comunidades con un Estado de derecho débil suele ser frecuente la aparición de mercados de protección ilegal.

De acuerdo con información de los medios, en los últimos años la protección ilegal se ha convertido un problema endémico en México. Se han vuelto comunes los relatos sobre organizaciones, que podemos identificar como “mafias”, que mediante el “cobro de piso” o “cobro de cuota” extorsionan a otros delincuentes, empresas (tanto legales como “informales”) y ciudadanos en varias regiones asoladas por la violencia de la delincuencia organizada. Sin embargo, hasta ahora no se han llevado a cabo estimaciones sistemáticas sobre la magnitud, modalidades y ubicación de este fenómeno. 

Analizar los mercados de protección ilegal constituye un gran desafío. El gobierno mexicano recaba datos sobre “extorsión”. Como se aprecia en la gráfica 1, la incidencia de este delito casi se triplicó entre 2004 y 2010. No obstante, estas cifras no son del todo confiables. La mayoría de los delitos en México no se denuncian y es posible que las cifras gubernamentales subestimen en gran medida la prevalencia delictiva. Además, como la protección ilegal recurre frecuentemente a actos de intimidación, un bajo índice de denuncias por extorsión en una comunidad puede reflejar baja incidencia, pero también puede indicar que una organización es altamente eficaz sembrar miedo en su conjunto de víctimas e, incluso, que controla a la policía local (de modo que denunciar no tenga sentido y sea peligroso). Por último, como subraya Gambetta, en algunos casos quienes pagan a cambio de protección ilegal obtienen algunos beneficios reales (por ejemplo, la protección de la mafia puede alejar por igual a ladrones que a autoridades hacendarias), y están más cerca de ser clientes satisfechos que víctimas. Estas personas no tendrían un incentivo para denunciar la venta de protección ilegal.

A continuación presento una propuesta sobre cómo identificar la presencia de las organizaciones que ofrecen protección ilegal (mafias) y estimar su evolución en México. La propuesta se basa en dos grupos de datos. El primero es el recuento oficial de muertes relacionadas con la delincuencia organizada.3 El segundo es una base de datos construida con el recuento de los mensajes colocados por las organizaciones delictivas al lado de los cadáveres de sus víctimas. A partir de estas dos series de datos es posible establecer una distinción entre la violencia ligada con mafias locales dedicadas a la venta de protección y la violencia relacionada con los cárteles regionales dedicados al narcotráfico a Estados Unidos, así como identificar dos rasgos relevantes de los mercados mexicanos de protección ilegal: su rápida expansión en 2010 y la presencia de mafias en zonas de poco interés para el narcotráfico transnacional. Más adelante se presenta un panorama general de los mecanismos que podrían explicar el rápido crecimiento de las mafias en relación con el fenómeno más amplio de la proliferación de la violencia ligada a la delincuencia organizada.

En enero de 2011 el gobierno federal dio a conocer una base de datos sobre las muertes relacionadas con la delincuencia organizada. En términos generales, esta base constituye un indicador confiable de la violencia derivada de la delincuencia organizada. Los datos se recopilan de manera sistemática, se desagregan a escala municipal, y la subestimación y el sesgo parecen ser menores que los de otras fuentes —aunque inevitablemente algunas muertes nunca se conocen—. Las muertes relacionadas con la delincuencia organizada son un indicador de la existencia de mercados de protección ilegal. 

Para extorsionar a la población las mafias necesitan una reputación sólida sobre su capacidad para usar la fuerza contra aquellos que se niegan a pagar por sus servicios, así como contra otros delincuentes que intentan dañar o extorsionar a sus “clientes”. Sin embargo, no todas las muertes relacionadas con la delincuencia están vinculadas con los mercados de protección ilegal. Las guerras por el control de rutas y territorios entre los cárteles que se dedican principalmente al narcotráfico también son una importante fuente de violencia relacionada con la delincuencia organizada en el México contemporáneo.

La protección ilegal presenta otro rasgo que nos permite distinguir entre la violencia del narcotráfico y la violencia de las mafias: esta última recurre de manera intensiva a la propaganda. Las mafias necesitan forjar una reputación.4 Por lo tanto, para lograr establecer un monopolio de coerción deben anunciar intensivamente su violencia y asegurarse de que amplios sectores de la sociedad (al menos todos sus rivales reales y potenciales y aquellos a quienes les podrían pedir que paguen a cambio de protección) estén conscientes de su gran capacidad para ejercer la violencia. 

Una práctica común entre las organizaciones delictivas mexicanas en años recientes ha sido la colocación de mensajes al lado de los cadáveres de sus víctimas. Estos mensajes les sirven como forma de propaganda y como un mecanismo para forjar reputación. Por lo general, estos mensajes aparecen en los medios de comunicación locales, incluyen la firma de la organización autora de la ejecución e incluso explican la razón del crimen (ser miembro de una banda rival, un ladrón, violador o secuestrador, o no pagar, son algunas de las razones que se invocan con mayor frecuencia). La segunda fuente de información para este análisis es una base de datos de mensajes que se vinculan con una organización criminal y que fueron colocados junto a los cadáveres. Esta base de datos incluye mil 29 mensajes recopilados mediante búsquedas sistemáticas en periódicos de circulación nacional y regional de diciembre de 2006 a marzo de 2011.

En el cuadro aparecen los 59 municipios con más de 100 muertes relacionadas con la delincuencia organizada durante el periodo abarcado por la base de datos de homicidios vinculados con la delincuencia organizada publicada por la presidencia de la República. Estos municipios se clasificaron en tres categorías: aquellos con la menor relación de mensajes por ejecución (inferior a 1%) se identificaron como municipios que experimentan violencia ligada al narcotráfico; aquellos con la mayor relación de mensajes por asesinato (superior a 3%) se clasificaron como municipios con violencia relacionada con las mafias, y los municipios ubicados entre los dos intervalos anteriores son aquellos donde no es posible por ahora determinar una fuente distintiva de violencia.

Los datos municipales sobre muertes ligadas a la delincuencia organizada y mensajes de las organizaciones delictivas muestran dos patrones generales. Primero, en lo que atañe a la distribución geográfica de la violencia, mientras que la violencia del narcotráfico ubica a lo largo de la frontera con Estados Unidos o en sus cercanías, la violencia de las mafias es más común en la región central de México. Esta distribución geográfica quizá refleje la ubicación de las principales rutas y centros de operación del narcotráfico, que incluyen varias poblaciones fronterizas. Por su parte, la violencia de las mafias parece prevalecer en zonas carentes de valor estratégico para el narcotráfico transnacional.
El segundo patrón general que se desprende de estos datos es que la violencia de las mafias constituye un fenómeno más reciente que la del narcotráfico. Mientras que en 2008 y 2009 se registró un aumento general de la violencia en los municipios con presencia del narcotráfico, en la mayoría de los municipios asolados por las mafias las muertes vinculadas con la delincuencia organizada no se volvieron endémicas sino hasta 2010. La violencia del narcotráfico en la zona de la Frontera Chica, Tamaulipas —donde el Cártel del Golfo tenía un monopolio antes de la escisión de los Zetas, su brazo armado, a principios de 2010—, es una excepción importante de esta tendencia. 

La violencia del narcotráfico y la violencia de las mafias poseen características distintivas y son consecuencia de diferentes fenómenos. Sin embargo, puede haber un vínculo entre ellas. El aumento de ambos tipos de violencia ha sido muy marcado y ha ocurrido en un periodo relativamente breve. Los siguientes tres mecanismos son explicaciones complementarias del proceso que va de las guerras entre los cárteles de la droga al establecimiento de mafias (la dirección causal es lógica y concuerda con las pruebas de que la violencia del narcotráfico antecede a la de las mafias).

Reconversión. La política gubernamental de arresto indiscriminado de capos a partir de 2007 ha provocado la fragmentación de varios cárteles. Algunas facciones han sido aplastadas y desplazadas del narcotráfico. No obstante, tienen una serie de activos (entre ellos, armas, sicarios y relaciones personales con algunas autoridades locales) que les permiten dedicarse con éxito a la venta de protección ilegal.

Reubicación forzada. Aunque las organizaciones delictivas no buscan activamente su expansión, pueden tejer redes en nuevos territorios cuando las circunstancias obligan a algunos de sus miembros a desplazarse.5 Esto ha ocurrido con varias facciones —expulsadas de regiones ahora en poder de sus rivales— como consecuencia de los conflictos entre las organizaciones de narcotraficantes y entre tales organizaciones y las fuerzas del gobierno.

Impunidad. La violencia generalizada aumenta la impunidad, pues la policía es frecuentemente rebasada o cooptada por una de las organizaciones en pugna en las zonas de conflicto. Como la probabilidad de un castigo disminuye en estas circunstancias, la protección ilegal se torna una actividad más atractiva. Por otro lado, este tipo de violencia también provoca un alza en la demanda de protección ilegal. 

Si bien las mafias están sembrando violencia en regiones que eran relativamente seguras hasta 2009, cabe señalar que la expansión de este tipo de violencia —así como el problema subyacente de protección ilegal que refleja— ha sido dispareja, y que gran parte del territorio nacional se encuentra hasta ahora, en términos generales, fuera del ámbito de acción de las mafias. Aun así, se trata de una tendencia preocupante. El narcotráfico, que puede ser la principal fuente de ingresos para las organizaciones delictivas mexicanas, no necesariamente recurre de manera intensiva a la violencia. Las actividades ilícitas pueden ser consensuales o “predatorias”, estas últimas generan una mayor violencia.6 En la mayoría de los casos, el tráfico de drogas implica el suministro de bienes ilícitos para los que hay una gran demanda, de modo que suele ser una actividad consensual. Aunque también es consensual en algunos casos, la protección ilegal se acerca más a una actividad predatoria, pues siempre recurre a la intimidación y, por consiguiente, habitualmente ejerce más violencia que el narcotráfico. 

Otro motivo de preocupación es que la violencia de las mafias sigue propagándose a un ritmo veloz y sin un límite previsible. Conforme avanza el proceso de fragmentación de las organizaciones delictivas, los enfrentamientos entre los remanentes de los cárteles seguirán extendiendo la violencia y originando una mayor oferta y, en algunos casos, demanda de protección ilegal mediante la reconversión, la reubicación y el aumento en la impunidad. Aunque quizá no todas las regiones del país sean escenarios factibles para la violencia del narcotráfico —pues gran parte del país carece de importancia estratégica para esta actividad—, todas podrían padecer la violencia de las mafias. Esto es especialmente cierto dada la fragilidad del Estado de derecho en todo el territorio nacional.

Esta evaluación no deja de ser parcial. Si bien, en términos generales, la violencia es una consecuencia directa de los mercados de protección ilegal, en algunos casos la amenaza de la violencia logra prevenir conflictos.7 Hoy por hoy los mercados de protección ilegal generan altos niveles de violencia porque las mafias se están estableciendo en nuevas plazas (y necesitan forjar una reputación), o porque ya hay un conflicto entre mafias que compiten por el control del mercado local de protección ilegal. Sin embargo, las organizaciones pueden haber establecido un control no disputado sobre las redes de extorsión y protección ilegal en algunas regiones, por lo que no se han producido grandes brotes de violencia. Por ejemplo, se han denunciado casos de extorsión en Veracruz, estado en el que ninguna otra organización delictiva importante ha desafiado a los Zetas —una organización numerosa y hasta ahora cohesionada—. No obstante, este análisis tiene la ventaja de destacar la consecuencia más negativa de los mercados de protección ilegal. Adicionalmente, en la actual coyuntura de fragmentación de las organizaciones delictivas, una alta incidencia de la violencia del crimen organizado puede ser una consecuencia inevitable (al igual que una causa) del surgimiento de mercados de protección ilegal.

A largo plazo, la proliferación de las mafias en todo el país puede traer consigo una mayor demanda social de intervenciones del gobierno contra la violencia. Por ejemplo, la violencia del narcotráfico en 2008 y 2009 —que se concentraba en unas cuantas regiones— no dio origen a un debate nacional sobre la necesidad de considerar cambios importantes en materia de políticas de seguridad. Esto ha ido cambiando a medida que un mayor segmento de la población es afectada por la violencia a causa de su dispersión geográfica. En meses anteriores, altos funcionarios federales, incluido el jefe del Ejecutivo, participaron en varias ocasiones en diálogos públicos y directos con víctimas de la violencia y con críticos de su estrategia de seguridad. Se trata de actos sin precedentes en México. Sin embargo, hasta ahora esos diálogos no han propiciado cambios significativos ni en las estrategias regionales de combate a la delincuencia organizada ni en la política nacional de seguridad. 

Futuros trabajos de investigación deben aportar pruebas sobre los factores que elevan la probabilidad de que la violencia de la mafia se vuelva endémica en una región o municipio. El marco teórico actual sobre el fenómeno de la protección ilegal sugiere algunas líneas de investigación para esos estudios. Un Estado de derecho débil y la escasa confianza generalizada entre los ciudadanos fomentan la formación de mafias. Lo anterior indica que los ciudadanos requieren protección y las autoridades legítimas no son capaces de brindársela (es decir, hay una demanda de protección insatisfecha). Por lo tanto, pueden surgir mafias en municipios donde las instituciones responsables de la aplicación de la ley son débiles (por ejemplo, una relación proporcional insuficiente entre policías y población) o en aquellos donde ya hay grandes redes criminales (por ejemplo, mayores índices de robo). 

Eduardo Guerrero. Consultor en materia de políticas públicas (www.lantiaconsultores.com). Director de la revista electrónica Transparencia y Privacidad. Revista Mexicana de Acceso a la Información y Protección de Datos(http://bit.ly/qmymyU) y presidente de la Asociación Mexicana de Ex Becarios Fulbright-García Robles. 
El autor agradece el valioso apoyo de Roberto Valladares para la elaboración de este artículo.

1 De modo coloquial, el término “mafia” se utiliza para referirnos a cualquier agrupación delictiva o con conductas delictivas (e.g. sindicatos mafiosos). Sin embargo, en el ámbito académico (sobre todo a partir de la gran obra de Diego Gambetta sobre la mafia siciliana) se ha identificado a las mafias como aquellas organizaciones criminales que se dedican fundamentalmente a la venta de protección ilegal. Este uso académico es el que le doy al término “mafia” en este artículo. 
2 Diego Gambetta, The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, Harvard University Press, Cambridge, 1993. 
3 El gobierno mexicano dio a conocer el conjunto de datos en enero de 2011. Estos datos se pueden consultar en el sitio web de la presidencia de México: http://bit.ly/nhmMKN (en español).
4 Diego Gambetta, op. cit. 
5 Federico Varese, “How Mafias Migrate: The Case of the ‘Ndrangheta in Northern Italy”, en Law & Society Review, vol. 40, núm. 2, 2006. 
6 Jay S. Albanese, Organized Crime in Our Times (quinta edición), Lexis/Nexis, Newark, 2007. 
7 Frederick J. Desroches, The Crime That Pays: Drug Trafficking and Organized Crime in Canada, Canada Scholars’ Press Inc., Toronto, 2005.