Pactar con los narcos, más allá del PRI (Jorge Fernández Menéndez)

Hay quienes quieren regresar al pasado, a pactos con el narcotráfico, le dijo el presidente Calderón a los corresponsales del New York Times. Y es verdad: no sólo existe esa tentación entre algunos políticos, sino también entre distintos sectores sociales. En la misma nota del NYT se dice que, en alguna plática privada, el presidente Calderón habría dicho que Enrique Peña Nieto, si llegara a la Presidencia, sería débil con el crimen organizado y que el sentido de su declaración al periódico giraba en torno a ello.

La verdad es que no recuerdo a Peña Nieto diciendo que cambiaría la actual estrategia de lucha contra el crimen organizado. El único documento firmado por el ex gobernador sobre el tema se publicó en The Financial Times hace ya varios meses y en los hechos lo que se planteaba era prácticamente lo mismo que tenemos ahora, haciendo hincapié, sólo, en que la estrategia tendría que ser obligatoria para estados y municipios.

Es verdad que en el priismo hay quienes no quieren ni hablar de continuar el enfrentamiento al crimen organizado en los términos en los que los ha planteado la actual administración. Ahí está, aunque no haya sido reproducida con total fidelidad, aquella declaración del ex gobernadorSócrates Rizzo de los pactos de los gobiernos priistas con el narcotráfico, o los evidentes acuerdos, aunque fueran tácitos, de muchos gobernadores con el narcotráfico. Apenas este viernes el Presidente hizo acusaciones muy serias al ex gobernador Fidel Herrera, en Veracruz, al que acusó de permitir la entrada de Los Zetas a la entidad e incluso de ocultar el número de víctimas y de eventos criminales: hasta se ejemplificó con la declaración del gobierno estatal de que en Veracruz no había secuestros al mismo tiempo que el ex gobernador se vanagloriaba de haber pagado seis rescates de personas secuestradas.

Pero el problema entonces es doble: primero, porque son muchos, también en el PAN y en el PRD, los que están pidiendo pactos. En el PAN el ex presidente Fox, en cada foro que se le presenta, insiste en que se debe pactar con el narcotráfico e incluso propuso la idea de crear una suerte de Cocopa para negociar con él. Acaba de decir que México debe abandonar los esfuerzos para impedir que ingrese la droga a Estados Unidos. En el otro extremo, el padre Solalinde y el movimiento de Javier Sicilia han terminado demandando que se les pida “perdón” aLos Zetas. Y, López Obrador, de una u otra forma, lo viene diciendo desde 2006. Incluso en las encuestas esa posición ha crecido: la gente, ante la violencia y la inseguridad, termina aceptando pactar con el narcotráfico (como termina aceptando la pena de muerte).

Si el presidente Calderón analiza el tema del pacto con el narcotráfico a partir de variables electorales o de partidos, se equivoca. El tema trasciende y cruza los partidos y es precisamente eso lo que lo hace peligroso y lo que obliga a romper con una inercia creciente que golpea todo el proceso de destrucción de las bandas criminales. El pacto con los grupos criminales, primero, es imposible, inviable por la definición de esas organizaciones: no son disidentes políticos, son criminales. Segundo, por la creciente pulverización de las mismas (en Guerrero operan, por ejemplo, 17 grupos diferentes, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí). Tercero, porque no tendría el menor sentido ético y generaría un deterioro moral de la administración que lo realizara (es en realidad una puerta abierta para la corrupción).

Pero más allá de todo eso, lo importante es convencer de que la sola idea del pacto con los grupos criminales es una suerte de rendición del Estado mexicano en varias de sus responsabilidades esenciales, comenzando por la de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Y nadie, con sentido común, puede permitirlo, sobre todo, desde el escalón más alto de la escalera del poder. ¿Hay una receta para evitar esa tendencia?

Sí y es lo que realmente cambió las cosas en Colombia: comenzar a detener y juzgar a todo funcionario público, de cualquier partido, que se compruebe que tenga relación con el crimen organizado. En Colombia, por lo menos 80 legisladores, y muchos más funcionarios partidarios y de gobiernos federal y locales terminaron en la cárcel. Eso rompió la narcopolítica y le demostró a la gente que no se podía pactar con el narcotráfico. En nuestro caso los pocos que son detenidos pagan 15 mil pesos de fianza y se van a su casa.