miércoles, 22 de junio de 2011

Cumplimos siete semanas bajo extorsión. (Ciro Gómez Leyva / Milenio)

El plantón de Antorcha Campesina en Bucareli cumple hoy siete semanas. Siete. Es ya más largo que los de 2008 y 2010. Como siempre, los antorchistas exigen dinero público.

Debería resignarme, pero me sigue indignando la indiferencia de las autoridades ante estos plantones que desquician la vida cotidiana de cientos de miles de personas y hieren de muerte a los pequeños y pobres negocios: papelerías, tlapalerías, fondas, cantinas. Antorcha, lo he escrito aquí, es un grupo de extorsión política que tiene un desprecio brutal por el tiempo y el espacio del ciudadano común y corriente.

Trabajo a la vuelta del plantón. Padezco y veo padecer sus consecuencias. El gobierno federal no hace nada. Tampoco el del DF. Jódanse, nos dicen con los brazos cruzados. Pero lo que no tiene nombre es la forma en que el PRI del Estado de México arropa y agasaja, con espíritu de grupo, a estos extorsionadores.

Qué dolor debieron haber producido en doña Irma Hernández, la de la manufacturera de Bucareli, o en don Lucio Mendoza, el cantinero del Reloj Chino, las imágenes de Eruviel Ávila exaltando el domingo en Ixtapaluca a los líderes antorchistas al grito de: "Antorcha es una organización que busca el bienestar de quienes más lo necesitan"; qué desaliento, saber que mantendrá con ellos "una relación de respeto y colaboración", porque "impulsan la educación y la cultura".

En un punto, al menos, coinciden los gobiernos federal, del DF, el Estado de México, el PRI, el PRD y el PAN: si se trata de los priistas de Antorcha, la extorsión tiene permiso. Se irán cuando se les pegue la gana, sin reparar daños. Y volverán cuando se les pegue la gana.

Extorsionadores de tiempo completo.

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