Entradas
La saturación en las instituciones públicas de salud, el desabasto de medicamentos y la mala calidad de los servicios obliga a los mexicanos a pagar un médico particular y cubrir los gastos del tratamiento, lo que en la mayoría de los casos ocasiona una gran disminución o pérdida de su patrimonio.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gobierno mexicano sólo cubre la mitad de los gastos de salud de su población y el 50 por ciento restante sale de los ingresos ordinarios de las familias, “lo que puede conducir a desembolsos ruinosos con grandes probabilidades de sumir a los hogares en la pobreza”.
En el estudio “La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los derechos”, la CEPAL establece que el porcentaje de recursos que destina nuestro país a este rubro está muy por debajo del presupuesto que invierten naciones con altos índices de marginación. Mientras que en México, los pacientes terminan pagando 50 por ciento de las consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos, en Haití, El Salvador o Bolivia el “gasto de bolsillo” es de 30 por ciento.
“Lo óptimo sería que en aquellos países con mayor ingreso per cápita el gasto de gobierno sea el que asuma la mayor proporción del gasto total. Lo contrario estaría dejando en evidencia situaciones preocupantes de desigualdad”, destaca Sandra Huenchuan Navarro, experta en envejecimiento y políticas públicas. La doctora en Estudios Latinoamericanos agregó que hay un amplio margen para que aumente la participación de los gobiernos en el gasto de salud, “aunque esto está asociado a decisiones políticas, más aún por el cambio demográfico en curso, ya que hay países con avanzados procesos de envejecimiento que requerirán cada vez más servicios médicos”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias mexicanas destinan casi un tercio de su gasto total a “cuidados de la salud”. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 indica que 34 por ciento de estos recursos se invierten en medicamentos y 30 por ciento en servicios médicos. Al respecto, Ximena Maroto Elías, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de la agrupación INCIDE Social, lamentó que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud de toda la población.
“Y además si a esto le sumamos el poco ingreso de los hogares que se ven en la necesidad de pagar medicamentos y estudios clínicos, en muchos casos el gasto es de hasta 90 por ciento del ingreso familiar”, comentó. Por su parte, Luis Adrián Quiroz Castillo, vocero de la agrupación Red de Acceso, señaló que es momento que las personas afiliadas a las instituciones públicas de salud alcen la voz y exijan al gobierno un servicio de calidad, trato digno y diagnósticos oportunos. “Hemos visto que hay gente que ha perdido su casa, literalmente todo su patrimonio, con tal de tener asegurado el tratamiento de su familiar, y esto no te lo reingresa nadie, porque te dicen ¿dónde está su queja por no contar con el insumo? Yo no le dije que lo comprara, usted tenía que venir aquí y hacer valer sus derechos”, relató.
El activista calculó que por cada queja que se interpone ante las instituciones públicas de salud, hay cerca de 200 inconformidades que se quedan en un simple enojo del derechohabiente. “Cuando no te dan el medicamento o no te surten toda la receta, lo único que hacemos es enojarnos, gritar o, en el mejor de los casos, nos dicen que llamemos por teléfono, pero al tratar de comunicarnos, el número suena ocupado o nunca contestan”, precisó. Quiroz Castillo explicó que en el caso de desabasto de medicamentos se debe presentar el reclamo por escrito y exigir que se cubra ciento por ciento la receta.
“Por ejemplo, el IMSS tiene una norma que se llama ‘compra por paciente especifico’, la cual dice que si no te entregan el medicamento tienen 72 horas para hacerlo. Lo que pasa es que la gente no conoce las normas y las instituciones no las promueven, lo que genera una relación bastante perversa”, manifestó. El vocero de la Red de Acceso agregó que en los últimos años organizaciones como Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del IMSS, presentaron alrededor de 500 quejas y han obtenido resoluciones favorables en el 99 por ciento de los casos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gobierno mexicano sólo cubre la mitad de los gastos de salud de su población y el 50 por ciento restante sale de los ingresos ordinarios de las familias, “lo que puede conducir a desembolsos ruinosos con grandes probabilidades de sumir a los hogares en la pobreza”.
En el estudio “La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los derechos”, la CEPAL establece que el porcentaje de recursos que destina nuestro país a este rubro está muy por debajo del presupuesto que invierten naciones con altos índices de marginación. Mientras que en México, los pacientes terminan pagando 50 por ciento de las consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos, en Haití, El Salvador o Bolivia el “gasto de bolsillo” es de 30 por ciento.
“Lo óptimo sería que en aquellos países con mayor ingreso per cápita el gasto de gobierno sea el que asuma la mayor proporción del gasto total. Lo contrario estaría dejando en evidencia situaciones preocupantes de desigualdad”, destaca Sandra Huenchuan Navarro, experta en envejecimiento y políticas públicas. La doctora en Estudios Latinoamericanos agregó que hay un amplio margen para que aumente la participación de los gobiernos en el gasto de salud, “aunque esto está asociado a decisiones políticas, más aún por el cambio demográfico en curso, ya que hay países con avanzados procesos de envejecimiento que requerirán cada vez más servicios médicos”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias mexicanas destinan casi un tercio de su gasto total a “cuidados de la salud”. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 indica que 34 por ciento de estos recursos se invierten en medicamentos y 30 por ciento en servicios médicos. Al respecto, Ximena Maroto Elías, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de la agrupación INCIDE Social, lamentó que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud de toda la población.
“Y además si a esto le sumamos el poco ingreso de los hogares que se ven en la necesidad de pagar medicamentos y estudios clínicos, en muchos casos el gasto es de hasta 90 por ciento del ingreso familiar”, comentó. Por su parte, Luis Adrián Quiroz Castillo, vocero de la agrupación Red de Acceso, señaló que es momento que las personas afiliadas a las instituciones públicas de salud alcen la voz y exijan al gobierno un servicio de calidad, trato digno y diagnósticos oportunos. “Hemos visto que hay gente que ha perdido su casa, literalmente todo su patrimonio, con tal de tener asegurado el tratamiento de su familiar, y esto no te lo reingresa nadie, porque te dicen ¿dónde está su queja por no contar con el insumo? Yo no le dije que lo comprara, usted tenía que venir aquí y hacer valer sus derechos”, relató.
El activista calculó que por cada queja que se interpone ante las instituciones públicas de salud, hay cerca de 200 inconformidades que se quedan en un simple enojo del derechohabiente. “Cuando no te dan el medicamento o no te surten toda la receta, lo único que hacemos es enojarnos, gritar o, en el mejor de los casos, nos dicen que llamemos por teléfono, pero al tratar de comunicarnos, el número suena ocupado o nunca contestan”, precisó. Quiroz Castillo explicó que en el caso de desabasto de medicamentos se debe presentar el reclamo por escrito y exigir que se cubra ciento por ciento la receta.
“Por ejemplo, el IMSS tiene una norma que se llama ‘compra por paciente especifico’, la cual dice que si no te entregan el medicamento tienen 72 horas para hacerlo. Lo que pasa es que la gente no conoce las normas y las instituciones no las promueven, lo que genera una relación bastante perversa”, manifestó. El vocero de la Red de Acceso agregó que en los últimos años organizaciones como Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del IMSS, presentaron alrededor de 500 quejas y han obtenido resoluciones favorables en el 99 por ciento de los casos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario