lunes, 27 de junio de 2011

Calderón-Sicilia: la impunidad (Jorge Fernández Menéndez)

Existe una sensación casi generalizada de beneplácito desde la reunión del presidente Calderón con los integrantes del movimiento por la paz que encabeza Javier Sicilia. Luego de los reclamos, del primer momento de intensa presión, se abrió un espacio al diálogo que permitió, al Presidente, presentar su mejor respuesta en lo que va del sexenio al tema de la seguridad y de la estrategia seguida para enfrentar el crimen organizado y, al movimiento que encabeza Sicilia, desprenderse de lastres que los habían acompañado y presentar, finalmente, una visión mucho más clara de hacia dónde quieren ir en el futuro. Pero también para precisar el límite de sus reclamos.

Quedan como saldo del encuentro varios puntos que deben ser analizados. Primero, el ver a un Felipe Calderón que supo y pudo liberarse del corsé presidencial, dejarse llevar por el corazón y por la apertura en el debate. Creo que nunca antes lo había logrado de tal forma y logró expresar con claridad en lo que cree, pero también lo que le dictaba el corazón. Tuve oportunidad de hablar, por teléfono, unos minutos, con el presidente Calderón, poco después de que concluyó el encuentro, y me pareció profundamente conmovido por lo que acababa de vivir. Al día siguiente hablé con Alejandra Sota y su jefa de Comunicación me confirmó que la percepción era correcta. Que el Presidente concluyó profundamente conmovido por el encuentro con Sicilia. Y creo que esa capacidad de conmoverse y de defender con tanta firmeza sus ideas, de aceptar ese diálogo con todo lo que ello implicaba y de incluir las réplicas y los puntos de vista encontrados, fueron los que generaron esa percepción de optimismo que hace mucho habíamos perdido en este ámbito.

Y eso ocurrió también con sus interlocutores: la foto del abrazo de Sicilia con Calderón, al finalizar el encuentro, no hubiera sido posible hace unas pocas semanas.

Hablé también con el que me parece, incluso por encima de Javier Sicilia, el hombre que mejor entiende, de ese movimiento, el momento y lo que está en juego en el ámbito de la seguridad. Emilio Álvarez Icaza, el ex ombudsman capitalino, deslindó con claridad varios puntos que hicieron muy confuso ese movimiento desde sus inicios. Primero, que no están pidiendo el repliegue de las fuerzas de seguridad, y en particular del Ejército, del enfrentamiento con los grupos criminales; que tampoco están pidiendo que el mismo cese o que haya una tregua o algo parecido; aceptó que hay grupos que se han acercado a “esa movilización que ahora tiene que pasar a ser movimiento” (lo que implica, aunque la palabra no guste, que se debe institucionalizar, o sea, tener un liderazgo formal y una línea de trabajo concreta), que tienen posiciones mucho más radicales o que interpretan a éste como parte de una agenda política, pero que esos son “los otros”, a los que respetan, pero que no reflejan el sentir de ese incipiente movimiento social. Y que el reclamo y la demanda de diálogo, como pidió acertadamente Isabel Miranda de Wallace el viernes, deben hacerse extensivos a muchos otros, comenzando por los gobernadores, legisladores y jueces, ya que la responsabilidad trasciende al gobierno federal.

Pero decía Emilio algo en lo que hemos insistido en éste y en otros espacios, y en lo que también han coincidido muchos otros actores. El punto fundamental, el que une por encima de muchas diferencias incluso profundas a quienes hemos hecho de este tema algo más que un simple motivo de preocupación, es la impunidad. Con índices de impunidad sobre los delitos denunciados de 98% estrategia de seguridad, se puede decir, desde nuestro punto de vista con acierto, que no se puede pedir perdón por enfrentar a los delincuentes o que no se podía tener construidas instituciones y leyes adecuadas antes de hacerlo, pero lo que une el reclamo social con la conciencia de la autoridad es que, si continúa la impunidad, lo demás sale sobrando. En este sentido, tienen razón desde Sicilia o Álvarez Icaza hasta Martí o Wallace en exigir que el Estado cumpla con su obligación de castigar a los delincuentes. Y el gobierno tiene razón en reclamar que se den las adecuaciones legales e institucionales imprescindibles en los tres niveles de gobierno y en los Tres Poderes de la Unión para acabar con la impunidad, pero eso no lo exime de esa responsabilidad. El punto de encuentro, y el desafío, es acabar con la impunidad. Haberlo confirmado es quizás el mayor fruto del diálogo Calderón-Sicilia.

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